Un Sistema Tributario y de Asignación de la Renta Nacional para un Orden Institucional Fundado en los Principios de Subsidiaridad y Solidaridad

 

 

Este conversatorio se enmarca en el proceso creativo y progresivo del Congreso Desafíos de la Transición a una Nueva Civilización, que estamos organizando y ya comenzando a realizar diferentes personas y organizaciones.

La idea de estos conversatorios es que los autores que nos proponemos presentar en el Congreso que culminará en Octubre de 2020, podamos presentar y conversar en base a borradores de nuestro trabajos, o las ideas preliminares, para su discusión y análisis, de modo que podamos después perfeccionarlo, enriquecerlo, corregirlo, con las opiniones, críticas, las sugerencias y comentarios que otras personas interesadas en el tema nos puedan plantear. Decimos que es un Congreso de nuevo tipo, participativo, progresivo, en que además de académicos, intelectuales o pensadores, participen personas y grupos que están realizando en la práctica, experiencias que apuntan a crear esas nuevas economía, política, cultura, educación, cuidado del ambiente, propias de una civilización mejor a la actual.

 

Lo que voy a presentar tiene tres partes. Una: los fundamentos teóricos de la propuesta, que tengo ya bastante elaborados. Dos: la propuesta misma, que es todavía una idea general, no desarrollada en sus aspectos particulares. Y tres: la viabilidad de su implementación.

Es el orden que parece lógico. Pero voy a presentar el tema al revés, o sea comenzando con algunas observaciones sobre la viabilidad de un cambio tan profundo y extendido como el que voy a proponer. Porque si no fuera viable, no tiene sentido hacer una propuesta.

Esto de la posibilidad de un cambio profundo es importante dilucidarlo, especialmente hoy, cuando cunde la idea de que las transformaciones de fondo no son posibles, porque el sistema tiene todo bien amarrado, y que no podemos salirnos del curso establecido porque tendría consecuencias muy serias en los equilibrios macroeconómicos, en las instituciones, en la estabilidad democrática, etc. etc. sobre lo cual se insiste tanto, aludiendo siempre a ejemplos deplorales como el de Venezuela y otros que han fracasado. Entonces, comienzo con:

Algunas observaciones preliminares sobre la viabilidad del cambio.

1. Quienes somos mayores de 60 años tenemos la experiencia de que son posibles transformaciones serias, profundas, radicales incluso, en la organización política, económica y social. Transformaciones que modifican las relaciones entre la economía, la sociedad civil y el estado.  Conocimos transformaciones, primero en versión social-cristiana con la revolución en libertad (reforma agraria, promoción popular, ley de organizaciones sociales, etc.). Luego en versión socialista con la vía chilena al socialismo (creación del Área de propiedad social, Juntas de abastecimiento y precios, etc.). Y después en versión liberal con la  llamada “revolución silenciosa” del gobierno militar (reducción del tamaño y las funciones del Estado, AFPs, Isapres, mercadización de la economía, etc.). No importa aquí determinar si esas y otras transformaciones han sido positivas o negativas. Lo que nos interesa destacar es que los tres procesos políticos mencionados ponen de manifiesto que cambios profundos, estructurales, que afectan la organización económica, social y política de la sociedad, son posibles de realizarse.

2. Estamos viviendo estos días dos procesos legislativos que demuestran que “técnicamente” - me refiero a técnica jurídica y legislativa – es posible y relativamente fácil hacer dos cosas esenciales: Una, crear impuestos que no van al fondo común del estado sino a una institucionalidad pública o civil autónoma que se crea ad hoc. Es el caso de la reforma de las pensiones que crea un impuesto a las empresas del 4% sobre las remuneraciones del trabajo, que será administrado por un ente público autónomo. Dos, establecer que un porcentaje de los impuestos que se establece en la legislación tributaria, no irá al fisco central, sino directamente a entidades menores, como son en este caso las regiones y las administraciones municipales.

3. Lo que “técnicamente” es posible, se convierte también en “políticamente viable” cuando cuenta con una gran mayoría social que lo apoya. Los dos ejemplos anteriores son transformaciones mínimas, pero no insignificantes; lo importante es que nos muestran que son posibles transformaciones mayores en esas mismas direcciones, como las que aquí voy a exponer en la propuesta. Es una propuesta que en sí no parece tan revolucionaria, pero que podría gatillar nada menos que un nuevo orden social y político, propio de una nueva civilización me atrevo a decir, y que son perfectamente posibles si las pensamos, las difundimos y las elaboramos técnica y políticamente.

Si tuviera que enmarcar esta propuesta en una nueva corriente de pensamiento político, lo llamaría “liberalismo social solidario”. El cual podría concitar una muy amplia adhesión ciudadana, y que sería aceptable para diferentes orientaciones políticas: social cristianas, liberales, socialistas y solidaristas.

4. La viabilidad económica de la propuesta se basa en que no implicaría un aumento de los impuestos, sino una re-orientación de los mismos montos actuales de renta pública y de impuestos, que tendría el efecto de una mayor eficiencia en la solución de los problemas. Esto es importante, porque en general no son económicamente viables impuestos nuevos que generan incertidumbre, limitan las inversiones y el crecimiento, y que suelen llevar a que los capitales huyan hacia países que les ofrezcan mejores condiciones competitivas. Esta no es una propuesta que aumente las tributaciones sino que busca reorientar el modo en que se efectúan los tributos y quienes los administran.

Fundamentación teórica de la propuesta.

En la civilización moderna en crisis orgánica, el Estado ha venido asumiendo crecientes funciones, para el cumplimiento de las cuales se apropia de un porcentaje cada vez más alto de los ingresos de las empresas y de las personas estableciendo abultados impuestos. Lo que explica esta tendencia al incremente constante de los impuestos es la crisis que experimenta el mismo Estado, que no siendo capaz de resolver los graves problemas de la pobreza, la inequidad social, el deterioro ambiental, las migraciones, el orden social, la gobernabilidad, etc., argumenta la necesidad de disponer de mayores ingresos para hacer frente a esos problemas que no puede ni sabe cómo resolver. Y mientras más crece el Estado, más costoso es para la sociedad, más ineficiente, más burocrático, más corrupto, y menos aceptado y legitimado socialmente.

Hemos postulado que una nueva civilización no debe estar centrada en el Estado ni en el mercado capitalista, sino en la sociedad civil organizada que recupera el control de sus recursos y de sus condiciones de vida. No significa esto que no deba existir el Estado, sino que requiere una profunda transformación, debiendo cumplir con mayor eficacia menos funciones que las que ha asumido en la civilización moderna. Así como también continuará funcionando el mercado, pero reorganizado, democratizado, con mayor participación de la sociedad civil organizada.

Surge entonces la pregunta del título de este conversatorio: ¿cómo pudiera ser la asignación y distribución de la renta nacional y el sistema tributario, en una nueva civilización que no debiera ser capitalista ni estatista?

Habría que romper el círculo vicioso que lleva al crecimiento del Estado, que al apropiarse de un porcentaje creciente de la renta nacional y de los impuestos, se convierte en cada vez más necesario en la misma proporción en que crece y se torna menos eficiente. Es imperioso abandonar ese “reflejo condicionado” según el cual, ante cualquier problema se plantea como respuesta que el Estado lo resuelva.

Para ello, es necesario encontrar soluciones nuevas a esos graves problemas de la pobreza, la equidad, el medio ambiente, la gobernabilidad, el orden social, etc. que actualmente se supone que deba resolver el Estado.

En la búsqueda de una nueva organización política de la sociedad, hay dos principios que considero esenciales: el principio de subsidiaridad y el principio de solidaridad.

El Principio de Subsidiaridad.

El principio de subsidiaridad ha sido mal entendido por el neo-liberalismo, en cuanto lo limita al hecho de que el Estado asuma subsidiariamente la solución de los más graves problemas de la pobreza, y que atienda la educación, la salud, la previsión, de quienes no pueden solventarlos por sí mismos. Pero el principio de subsidiaridad es más amplio y complejo que eso. Fue formulado originalmente por el pensamiento social-cristiano (Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, Joseph Lebret, las Encíclicas Sociales, Jaime Castillo en Chile).

El contenido del principio de subsidiariedad puede encontrarse ya en Aristóteles, quien, en La Política, describe la ciudad como una comunidad de comunidades y afirma que sólo en el marco de estructuras como la familia, la casa y la aldea “puede el hombre llegar al pleno despliegue de sus capacidades naturales que lo distinguen de los demás vivientes, y, con ello, alcanzar plena conformidad con su naturaleza”. Estas estructuras, a su vez, logran desplegar al máximo su potencial de realización en el contexto de la polis —la forma más compleja de organización social en ese entonces— sin que, en ningún caso, esto signifique que las agrupaciones menores sean absorbidas por ella. Además, el filósofo griego va a defender, contra Platón, que lo mejor para la polis es la diversidad entre sus ciudadanos, y no su homogeneidad.

Con todo, será la encíclica de Pío XI Quadragesimo Anno. Sobre la restauración del orden social (1931), donde se formula el principio de subsidiariedad católico en su versión más difundida, estableciendo que “no se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria; así tampoco es justo, constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos”.

Lo que establece este principio de subsidiaridad es que la sociedad se constituya desde lo menor a lo mayor, desde la base hacia arriba, partiendo de las personas, las familias, las organizaciones intermedias, las comunas, las regiones, hasta finalmente el Estado. Establece que todo lo que puede realizar una entidad menor, quede bajo su responsabilidad, de modo que tenga la oportunidad de desarrollarse con autonomía y potenciar así sus capacidades. Lo que en un nivel menor no puede resolverse, pase bajo la responsabilidad del nivel inmediatamente superior. Y así sucesivamente, con el resultado de que el Estado se encargue de aquello que no pueda ser resuelto por las personas, las familias, las organizaciones e instituciones intermedias.

Una formulación complementaria (de origen anglosajón) del principio de subsidiaridad establece que un asunto de interés social o público debe ser asumido y estar bajo la responsabilidad de una autoridad normativa, política o económica la más próxima al objeto del problema o al tema de referencia. Así por ejemplo, para los problemas de la salud conviene generar una autoridad generada por los médicos; para la educación, una autoridad generada por los educadores; para la ciencia, por los científicos; para el trabajo, por los trabajadores y las empresas.

Cabe recordar que el "principio de subsidiaridad" es uno de los principios sobre los que se sustenta la Unión Europea según quedó establecido en el Tratado de la Unión Europea. En Chile, es el contenido del Artículo Primero de la Constitución Política de la República. (En estos términos, muy similares a los que se establecieron en la Unión Europea: “Artículo 1º. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.”)

El principio de subsidiaridad se conecta directa y estrechamente con el Principio de Solidaridad.

El Principio de Solidaridad.

El principio de solidaridad establece que las personas se asocien solidaria y cooperativamente cuando por sí solas no pueden enfrentar una situación o problema que las afecta. Que las personas, las familias, las organizaciones intermedias, se ayuden y colaboren unas con otras, potenciando de ese modo sus capacidades de enfrentar sus necesidades, cumplir sus aspiraciones, realizar sus proyectos. Es el principio del que surge el Factor C, según  el cual la unión de conciencias, de voluntades, de emociones y de recursos en función de un objetivo compartido, potencia el logro de esos objetivos. Opera este principio fortaleciendo a los integrantes por su pertenencia a la comunidad, y potencia a las comunidades por su efecto integrador. Las organizaciones mayores, desde el Estado hacia abajo, están para apoyar y fortalecer a las unidades menores, y hasta llegar a las personas y familias.

Por todo lo dicho se comprenderá que el estatismo, entendido como la tendencia a responsabilizar al Estado de la mayor cantidad de temas, problemas y asuntos, es la negación completa de los principios de subsidiaridad y de solidaridad.

Estos dos principios son, en mi opinión, esenciales para una buen orden social y político. Significan que en una nueva civilización, son las personas, las comunidades locales, las organizaciones de la sociedad civil, y un Estado entendido en términos subsidiarios, quienes deben asumir la responsabilidad de atender tan importantes asuntos como son la educación, la salud, el cuidado del ambiente y del territorio, etc.

Sobre estos complejas cuestiones que el Estado concentrador del poder no logra superar, hemos propuesto caminos de solución basados en la solidaridad civil, la organización de las comunidades, el desarrollo de la economía solidaria, nuevas formas de la educación en sus diversos niveles, entre otros.

Ahora bien, si la solución de problemas actualmente mal resueltos por el Estado significa que funciones que actualmente cumple el Estado deban ser asumidas por instancias públicas no estatales, surge la cuestión del financiamiento de esas funciones, y en particular, la necesidad de implementar un sistema de tributaciones y de asignación de la renta nacional, diferente al sistema tributario que concentra en el Estado los recursos que la sociedad puede disponer para enfrentar esos problemas.

La propuesta.

Téngase en cuenta que el Estado obtiene actualmente financiamientos provenientes de: 1) Rentas territoriales, mineras, contribuciones de bienes raíces, ingresos por concesiones diversas, aranceles aduaneros, etc.; 2) IVA e impuestos que tributan las personas y las empresas; 3) Multas ; 4) Activos propios que generan beneficios.

La idea de un nuevo sistema de tributaciones y asignación de las Rentas nacionales apunta a que una parte significativa de los ingresos que actualmente obtiene el Estado sean recibidos directamente y gestionados por entidades públicas menores organizadas según el principio de subsidiaridad, y por entidades de la sociedad civil más próximas a los problemas, las que asuman aquellas funciones que ya no cumplirá el Estado central.

Mi propuesta se basa en parte también en el modelo analítico de la Teoría Económica Comprensiva que distingue seis factores necesarios para producir, reproducir y ampliar la vida de las personas y de la sociedad en todas sus necesidades y aspiraciones. Tales factores son: el trabajo (los trabajadores), el financiamiento (o quienes aportan el capital), los medios materiales (la Naturaleza y sus componentes físicos y biológicos), la tecnología (el Conocimiento y sus aplicaciones técnicas), la administración o gestión (que cumple a nivel macrosocial el Estado), y el factor C (la Comunidad, la solidaridad).

Esos seis elementos participan en la producción del valor y en la reproducción de la vida, y siendo ellos indispensables es necesario que se les asegure su mantenimiento, su reproducción y su expansión cuantitativa y cualitativa. Y para ello, debe asignárseles, a cada uno, partes del valor que contribuyen a generar.

En las sociedades actuales, el valor económico que produce una economía se distribuye en tres partes: a) la que recibe el capital como ganancias e intereses; b) la que recibe el trabajo como salarios y remuneraciones, y c) la que recibe el Estado como impuestos que tributan las empresas y las personas. Con esos ingresos que recibe el Estado, éste asigna jerárquicamente, de arriba hacia abajo y con criterios políticos, las partidas de recursos para solventar la reproducción de los factores Trabajo, Naturaleza (cuidado del ambiente, del territorio, etc.), Conocimiento (educación, ciencias, etc.) y Comunidad (salud, deportes, recreación, etc.).

Lo que postulo es que en un nuevo ordenamiento tributario y de asignación de las Rentas Nacionales, propio de una nueva civilización no estatista ni capitalista, centrada en la sociedad civil, en las personas y en la comunidad, esos ingresos que actualmente recibe el Estado por Rentas, impuestos y otras fuentes, sean repartidos entre, y recibidos directamente por, un conjunto organizado (según los principios de subsidiaridad y solidaridad),  de entidades que representen a los factores Trabajo, Naturaleza, Conocimiento, Comunidad y Estado.

Esto implicaría un sistema tributario en que las empresas y las personas, manteniendo el actual monto de sus impuestos, los paguen directamente, en partes definidas en alguna proporción, a diferentes receptores:

1. El Estado responsable de sus funciones de administración general, seguridad, justicia, bienes nacionales, etc;

2. Una institucionalidad autónoma y descentralizada responsable del cuidado de la biósfera y del medio ambiente;

3. Una institucionalidad autónoma y descentralizada responsable de las Relaciones Laborales;

4.Una institucionalidad autónoma y descentralizada responsable del desarrollo del conocimiento, las ciencias y las tecnologías;

5. Una Institucionalidad autónoma y descentralizada responsable de la Educación;

6. Una institucionalidad autónoma y descentralizada responsable de la Salud y la Previsión Social.

Cuánto destinar a cada uno de estos sectores y ámbitos de gestión, podría establecerse por acuerdo político a nivel nacional, con algún porcentaje que puedan decidir con autonomía las empresas y las personas según sus propias preferencias.

 

Termino volviendo a la cuestión del comienzo, sobre la viabilidad de la implementación de un cambio como el esbozado. Cinco breves observaciones al respecto:

1. Entendiendo que ésta es sólo una propuesta conceptual, es obvio que cualquier implementación práctica exigirá estudios y elaboraciones cuidadosas, atentas y detalladas, que corresponde realizar a los entendidos en la materia y que sean difundidas políticamente.

2. La implementación de un cambio como éste requerirá desplegarse como un proceso paulatino y progresivo de tránsito desde el sistema actual al sistema nuevo. En tal sentido, por ejemplo, las Rentas Nacionales podrían ser mantenidas por el Estado central, mientras que las Rentas territoriales y de contribuciones de bienes raíces se descentralicen. Son posibles diversas articulaciones en un proceso gradual de implementación.

3. Será indispensable desarrollar dinámicas de aprendizaje de parte de los ciudadanos y por las entidades inferiores que se vayan creando, a fin de que puedan asumir con eficiencia las responsabilidades que les correspondan en sus ámbitos propios.

4. Será necesario también realizar adecuaciones y transferencias del personal administrativo del Estado central para que presten sus servicios en las instituciones descentralizadas que se creen, aprovechándose así sus competencias y experticias.

5. El cambio no puede esperarse de alguna generosa concesión de quienes ejercen el poder, que por propia voluntad decidan desprenderse del mismo. Eso no va a ocurrir, porque el interés y la tendencia predominante en la clase política y en la burocracia estatal apuntan en sentido contrario. Será indispensable, por tanto, que las organizaciones y comunidades de la sociedad civil, y los grupos profesionales más próximos a los respectivos campos de problemas (la educación, la salud, la ciencia, el trabajo, etc.) se organicen y desplieguen procesos de empoderamiento social, y que exijan recuperar el control de los recursos a los que tienen derecho y que actualmente se encuentran concentrados en el Estado. No se trata de presionar para que el Estado les provea de más recursos sectoriales, sino para que éstos les sean transferidos directamente por los ciudadanos y las empresas contribuyentes, en un nuevo sistema tributario y de asignación de la renta nacional.

Espero sus comentarios, observaciones, críticas y sugerencias, para avanzar en la elaboración de una propuesta más detallada.